Buenos días,
A propósito de un comentario que he visto en http://cositburgos.blogspot.com.es/2013/09/es-aplicable-al-personal-laboral-de-las.html?spref=tw he recordado que tenía pendiente una pequeña nota en materia de régimen disciplinario del personal laboral en las Administraciones públicas.
La Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 23 de mayo de 2013, al resolver el recurso 2178/2012, se pronunció acerca de la aplicación del Estatuto Básico
del Empleado Público al personal laboral en relación con la prescripción de las faltas en materia disciplinaria.
La conclusión del pronunciamiento es muy sencilla: no cabe aplicar el artículo 60.2 del Estatuto de los trabajadores a los empleados públicos. Es decir, que los plazos de prescripción de las posibles infracciones serán, en todo caso, los previstos en el Estatuto Básico.
No cabe recurrir al artículo 60.2 del ET para alegar la llamada prescripción corta que, hasta la fecha, dejaba en situación más ventajosa al personal laboral que al funcionario, ya que solo se aplicaba a aquél y además establecía un plazo bastante corto para actuar.
En el fundamento de derecho tercero he encontrado una interesante reflexión, de aconsejada lectura para quien quiera profundizar, quien no tenga más tiempo para continuar leyendo puede quedarse con la conclusión: "no cabe aplicar el artículo 60.2 del Estatuto de los trabajadores a los empleados públicos"
Saludos
Para profundizar:
"(…) Centrándonos en el tema de la
prescripción de las faltas, el art.
97 establece: "Las infracciones muy graves prescribirán a los 3
años...". Añade el segundo párrafo: "El plazo de prescripción
comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido, y desde el cese de
su comisión cuando se trate de faltas continuadas".
Por su parte, el art. 60.2 E.T . dispone
que las faltas muy graves prescribirán "a los sesenta días a partir de la
fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los
seis meses de haberse cometido".
El último de estos preceptos contempla,
pues, dos plazos de prescripción que han dado lugar a la consolidación de una
doctrina jurisprudencial según la cual: a) la fecha en que se inicia el plazo
de prescripción se debe fijar en el día en que la empresa tenga un conocimiento
cabal, pleno y exacto de los hechos; b) se ha de entender que ese conocimiento
cabal y exacto lo adquiere la empresa cuando llega a un Órgano de la misma
dotado de facultades sancionadoras o inspectoras ( STS de 11 de diciembre de
2005, rcud. 3512/2004 ).
Hemos sostenido que, en el caso del art.
60.2 E.T ., la regla de partida para el cómputo del plazo largo de prescripción
es la de que ésta comienza a contar desde que se cometió la falta y no desde
que la empresa tuvo conocimiento. Pero existen situaciones en las que no es
posible aplicar tal literalidad, como son los casos de las faltas continuadas o
de las faltas ocultadas por el propio trabajador prevaliéndose de las
facultades otorgadas por su situación personal en la empresa. En este último
caso, hemos venido aplicando el criterio de partir del cese de la ocultación (
STS de 15 de julio de 2003 (LA LEY 124615/2003) -rcud. 3217/2002 -).
En suma, las normas del E.T. parten de la
fecha de conocimiento de la empresa para fijar un plazo de 60 días; si bien,
dispone que, en todo caso -esto es, aun cuando la empresa no lo conociera en su
momento-, la facultad sancionadora disciplinaria prescribe a los 6 meses desde
la comisión de la falta.
Las matizaciones introducidas por la
doctrina jurisprudencial se refieren a los supuestos en que la falta de
conocimiento de la empresa pudiera obedecer a la excepcional circunstancia de
la propia ocultación por parte del trabajador, en cuyo caso el plazo se
iniciaría en el momento en que por fin, la empresa fuera conocedora de los
hechos aunque se superen los seis meses desde su comisión.
Este doble juego de fechas no
aparece plasmado en el EBEP (LA LEY 3631/2007) en que el plazo prescriptivo es
único y su inicio se fija en la fecha de la comisión de la falta. Ello supone
que, durante el mismo, resultará irrelevante el momento de conocimiento por
parte de la empresa, cuya facultad sancionadora se mantendrá en tanto no
transcurra el plazo único en cuestión.
No hay en el precepto del EBEP (LA LEY
3631/2007) remisión alguna a la legislación laboral y no cabe entender que la
regulación sobre la prescripción de las faltas resulta incompleta. El
legislador opta por un sencillo esquema de fijación de un plazo y determinación
del momento inicial del mismo
Hemos de concluir, por tanto, con la
inaplicabilidad
del art. 60.2 E.T . a los empleados públicos, de suerte que carece de toda
fundamentación legal la pretensión de trasponer a ese tipo de relaciones
laborales el plazo de 60 días desde el conocimiento de la comisión de las
faltas. Cuestión distinta será la de la incidencia de la falta de
conocimiento como consecuencia de la propia conducta de ocultación del
trabajador, doctrina elaborada jurisprudencialmente en relación al plazo de
prescripción "larga" que se acomodaría perfectamente al supuesto del
art. 97 EBEP (LA LEY 3631/2007) .
Ésta es la tesis que mantiene la sentencia
recurrida, como ya hizo el Sr. Magistrado de Instancia, al partir del informe
en que se pone de relieve la realidad de los hechos y en el que, con ocasión de
un incidente fortuito, la empresa descubre la incongruencia entre el volumen de
la obra que pagó y el que efectivamente se ejecutó. En todo caso, consta en los
hechos probados de la sentencia de origen que el expediente contradictorio se
incoó antes de transcurrir tres años desde la aprobación de la liquidación de
las obras a las que se refiere la conducta infractora del trabajador.
Finalmente, como recuerdan tanto la
sentencia de Instancia como la recurrida, en nuestra STS de 4 de noviembre de
2010 (LA LEY 244559/2010) (rcud. 88/2010 ) ya sostuvimos que el art. 93 EBEP
(LA LEY 3631/2007) establece "una clara jerarquización entre los dos
tipos de normas reguladoras del régimen disciplinario del personal laboral, a
saber, la normativa aplicable es la contenida en el EBEP (LA LEY 3631/2007) y,
únicamente en el supuesto de que no hubiera regulación en dicho Estatuto se
aplicaría la legislación laboral...".
